martes, 3 de octubre de 2000
Por Camile Roldán Soto
El Nuevo Día
LA JUNTA de Planificación (JP) no tiene intención de rendirse ante la moratoria para proyectos de construcción en los barrios de Caimito, Tortugo, Quebrada Arenas y Cupey decretada el domingo por el municipio de San Juan y ya acudió al Tribunal Supremo para apelar la decisión.
Después de dos años de litigio, el Tribunal Apelativo decidió darle el visto bueno a la moratoria. Pero según Caballero, la JP mantiene su oposición por entender que "las políticas públicas de la agencia hacen cumplir lo que se pretende hacer con la moratoria, que es proteger el ambiente".
El urbanismo desmesurado en los barrios del sur de San Juan ha generado constantes protestas de grupos de residentes que se ven afectados cada vez que una empresa constructora viola los reglamentos de la JP y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En el caso más reciente, personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias fue destacado en la comunidad de Caimito, luego de que las fuertes lluvias por el paso cercano a la isla del huracán Debby amenazaran con derrumbar un muro de contención levantado por la empresa AH Development. La compañía había sido multada en cinco ocasiones por incumplir los reglamentos de la JP.
SIN EMBARGO, Caballero sostiene que las multas que imponen la JP y el DRNA son suficientes para impedir que las desarrolladoras violen las leyes.
"Con la multa que se le impuso a AH Development ($1.4 millones) las compañías van a pensar dos veces antes de incumplir los reglamentos", dijo.
De otro lado, la JP y el municipio también tienen posiciones opuestas en cuanto al plan de ordenamiento territorial de la Capital, que se encuentra en su tercera etapa.
En este caso, la discrepancia radica en las zonas que ambas partes identificaron viables para construir viviendas.